Estas semanas hemos asistido a una “movilización general” de las Organizaciones Empresariales con pronunciamientos de CEPYME y muchas Confederaciones y Empresas, haciendo gestiones, enviando cartas a Diputados, Senadores, Portavoces del PP en el Congreso y el Senado llegando hasta la  Ministra de Empleo, sobre las graves repercusiones que tendría la  enmienda 3444 a los PGE en caso de llevarse a cabo.

Recordemos que la formación continua de los trabajadores ocupados se financia con las cuotas finalistas aportadas mensualmente vía Seguridad Social por las empresas en un 0,6% y por los trabajadores en un 0,1%, – no es por tanto un impuesto general recaudado por la Agencia Tributaria entre todos los españoles y que vaya su monto a los PGE para su redistribución entre Ministerios,- no es así,- la cuota de formación la pagan solo las empresas y los trabajadores con el 0.7%,- no el conjunto de los ciudadanos-, por tanto el Gobierno está disponiendo de algo que reiteradamente el Tribunal Constitucional le ha dicho que no es suyo,- que es finalista y que sus fondos deben de estar dedicados a tal fin.

Resulta por ello más injusto si cabe que el Gobierno pretenda vía enmienda a los PGE modificar una situación que afecta a más de 300.000 empresas y que puede dejar sin  formación a mas de 600.000 trabajadores,  en base a unas supuestas irregularidades en la gestión de los fondos, que no han sido acreditadas, ni habladas, ni consultadas en ninguna mesa de diálogo con los agentes sociales, que son los representantes constitucionales de empresas y trabajadores y quienes en 1992 crearon el Sistema de Formación Continua y el modelo de financiación,- que hay que recordar fue por libre voluntad de las partes la imposición de ese 0,7% para dedicarlo a este fin concreto.
Además la enmienda, caso de prosperar, pone en grave riesgo a un importante colectivo empresarial que dedica su actividad a la formación, con eficacia y seriedad profesional, los centros, las consultoras, los docentes, que en varios miles verían peligrar su actual puesto de trabajo por el cierre de las empresas de formación afectadas.

La conclusión final de todo el problema, viene dada por qué no se está abordando la Reforma del Sistema de Formación Continua de una manera lógica y negociada entre el Gobierno y los Agentes Sociales, teniendo como premisas: contar con quien es el que paga y que necesidades de formación tienen las empresas españolas para su personal. Eso se ha visto claramente en el Congreso de APEL celebrado el pasado día 12 de noviembre, donde la posición del representante del SEPE fue radicalmente contrapuesta a las de los representantes de CCOO, UGT y CEOE; ya que este manifestó que pese a las Sentencias del TC había un margen de actuación para el Gobierno en cuanto al destino final de los fondos.

Hay que recordar que en el proyecto de los PGE enviado por el Gobierno del PP a su tramitación a la Cortes,  solamente se prevé destinar a Formación Bonificada 580 M€ y otros 297 M€ a Formación de oferta, con lo cual solo llegan a sus beneficiarios (que son los que pagan mes a mes) algo menos de 878 M€, cuando estamos aportando mas de 1,860M € año.

La situación actual es insostenible, ya que de esos 1.860 millones de euros que está previsto recaudarse, citando datos de  2013 a través de la cuota de formación profesional, 1.059 millones, el 56,94%, se han destinado a la formación de desempleados que gestionan las CC.AA., en el marco de sus competencias en políticas activas de empleo.

Y ello pese a las Sentencias del TC que le han dicho al Gobierno que “no puede financiar las políticas activas de empleo con estos fondos”, pero contumazmente se sigue ese camino, en vez de alcanzar un Pacto.

La enmienda 3444 a los PGE, debe de ser retirada (nos dicen que se hará en el trámite del Senado)  para evitar las graves consecuencias que aquí denunciamos  y al mismo tiempo este incidente,  ha de  servir de reflexión y punto de partida para  llegar a un Pacto sobre la Reforma del Sistema de Formación.
Un Pacto necesario y urgente, en el que el Gobierno ha de tener en cuenta  a los que pagamos este Sistema de Formación.

JOSE MARIA LOPEZ BOURIO