Desde hace tiempo, ya sea título individual como APeL o desde la plataforma de Asociaciones de Formación a la que pertenecemos, en numerosas reuniones con la Administración, ya sea de forma verbal o por escrito, se le ha pedido activamente que diera el paso al sistema que ya contemplan alguna de sus normativas: El Sistema de justificación por Módulos Económicos en función de la singularidad, especialización y características técnicas de aquéllas, así como de las modalidades de impartición, como una forma de simplificar el burocrático modelo de gestión de subvenciones en el que estamos inmersos.

En la ley 30/2015 se hace referencia al sistema de módulos de manera resumida y en detallada en su Artículo 7: “A estas mejoras de la eficiencia se une la simplificación en el acceso a la financiación por vías que permitan, al mismo tiempo, garantizar la calidad de la formación. De ahí la previsión en el artículo 7 de esta ley de desarrollar el régimen de concesión y justificación de subvenciones, u otras formas de financiación, a través de módulos, una vez identificados los precios de mercado de las distintas especialidades formativas”.

Recientemente también en el Plan Anual de Política de Empleo PAPE 2016: “Formación de oferta: Para ahondar en la simplificación, se posibilitará un sistema de justificación por módulos, se racionalizará la información que se solicita a los potenciales beneficiarios y se dará estabilidad a las normas de justificación y metodologías de valoración.”

Pero no ha sido hasta este mes de junio cuando hemos visto una de las primeras aplicaciones prácticas en la Convocatoria de Formación del País Vasco dirigida a trabadores y trabajadoras desempleadas-Lanbide, para acciones formativas de Certificados de Profesionalidad o que no lo sean. Esperemos sea el inicio del cambio que hemos solicitado en reiteradas ocasiones.

 

Eugenio Gallego Hdez. (Vicepresidente de Formación Profesional para Empleo de APeL).