Mientras se suceden las propuestas desde muchas perspectivas para intentar minimizar o encarar el impacto de una crisis sin precedentes desde hace muchos años, también hay quienes intentan abrir un intenso debate sobre el futuro de la Formación para el Empleo en España.
Este es el propósito de un equipo de expertos dirigido por Valeriano Gómez Sánchez, y así lo recomienda el informe "Mejor formación para crear más empleo" que ha sido coordinado por el consejero del Consejo Económico y Social (CES) y patrocinado por la Fundación élogos.
El informe aporta un conjunto de recomendaciones en la estratégica tarea de reforzar el actual modelo. Las propuestas de actuación de este grupo de expertos se concretan en cuatro apartados generales (Recursos y Estabilidad Normativa de la Formación para el empleo en España; facilitar a las PYMES el acceso al sistema; intensificación de la nuevas tecnologías y mejorar la calidad del sistema y adecuarla a la demanda de las empresas).
El primero de ellos subraya que la Formación para el Empleo debe ser considerada como política de Estado, de manera que sobre la base del actual sistema, se potencie su desarrollo estable con el mayor consenso político y social posible. Asimismo, el sistema de Formación para el Empleo necesita contar con mayor estabilidad normativa y mayor financiación por parte de otros actores además de los actuales. La consolidación del sistema exige dar un paso hacia una mayor calidad de la formación, midiendo su impacto en empresas y trabajadores
Según Valeriano Gómez "Igual que el Estado ha hecho un esfuerzo importante para destinar la mitad del gasto a protección por desempleo, no estaría mal que aportara fondos públicos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las cuentas de las CCAA".
Los integrantes del grupo de expertos consideran que el Estado debería aportar "fondos adicionales" para formar a los trabajadores y a los desempleados, separadamente de las cotizaciones que aportan los empresarios y que actualmente es de 0,17 puntos sobre la base de cotización, la tercera parte de lo que cotizan en Francia. Dicha aportación pública debería ser "selectiva" y dirigirse hacia colectivos de difícil acceso al mercado laboral, como son mayores de 45 años, inmigrantes o discapacitados.
En segundo lugar y por lo que respecta al apoyo y facilidades a las PYMES, los expertos abogan porque el Gobierno las incentive a través de desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades si desarrollan programas formativos y que se pueda establecer un sistema de copago de cursos entre trabajadores y empresas. Partiendo de la premisa de que la Formación para el Empleo es material laboral y no educativa, el papel de los Agentes Sociales en su diseño es clave para adecuarla a la realidad del tejido productivo.
Su participación en la gestión y ejecución es imprescindible para garantizar la no discriminación en el acceso de ningún trabajador a la formación, ya sea por pertenecer a colectivos con mayores dificultades en el acceso a la formación, por ser trabajadores de PYMES o por residir y/o trabajar en pequeñas poblaciones, etc.
En este sentido, los Agentes Sociales deben asegurar el ejercicio del derecho a la formación desde el respeto a la igualdad de oportunidades. Esta participación, sin embargo, debe tender a evitar solapamientos y repeticiones en las diversas ofertas formativas que, en algunas ocasiones, está suponiendo la pérdida del valor añadido que estas organizaciones aportan, ya que su función en la ejecución de la formación debe ser más complementaria que competitiva con las empresas dedicadas a la formación.
En tercer lugar, la transformación social y económica, muy protagonizada por las nuevas tecnologías, debería quedar reflejada y recogida en la formación de desempleados, según este grupo de expertos. El papel que deben jugar las nuevas tecnologías en la Formación para el Empleo, deben permitir identificar con gran precisión el perfil del trabajador, tanto en su conocimiento como en sus capacidades, así como su estado motivacional y sus aspiraciones de futuro. No considerar estas variables a la hora de abordar la asignación de una acción o itinerario formativo a un trabajador puede condicionar seriamente la efectividad del programa, convirtiendo una esperanzadora inversión en capital humano en un gasto de escaso retorno.
La tecnología también permite al desempleado adaptar su ritmo de aprendizaje a sus necesidades familiares reales o, incluso, a la búsqueda de oportunidades laborales. Si actualmente es un hecho que un número muy significativo de ofertas de empleo se producen desde portales de empleo, su manejo continuo y efectivo debería ser una capacidad a desarrollar y un espacio temporal a respetar en el proceso de aprendizaje del desocupado.
La tecnología permite al desempleado ponerse en relación con otras personas como ningún aula sería capaz de hacerlo. Se trata no ya de interactuar con quince o veinte personas, sino con cientos, con miles. El formar a los desempleados en la generación de networking por Internet no sólo puede hacer de su proceso de aprendizaje una experiencia mucho más enriquecedora y productiva sino que, además, le puede abrir la puerta a redes de emprendedores, de ayudas públicas, de nuevas iniciativas, en definitiva, la puerta a la nueva economía.
Por último, el informe subraya que en este momento de crisis económica y de cambio, es preciso exigir al sistema un paso más, y que no sólo se garantice la máxima calidad en la impartición y la gestión de la formación, sino logrando que exista una conocida y medible relación entre la inversión formativa y la mejora del desempeño individual y organizativo en las empresas.
